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La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se encuentra nuevamente en el centro de la atención pública luego de que el periodista Héctor de Mauleón difundiera un audio en el que la mandataria estatal habla sobre presuntas gestiones legales y contactos en Estados Unidos para atender posibles procedimientos relacionados con su situación migratoria y jurídica.

De acuerdo con la información publicada, la conversación habría ocurrido después de que a la gobernadora le fuera revocada su visa estadounidense, asunto que se hizo público en mayo de 2025 y que generó cuestionamientos sobre las razones detrás de la decisión tomada por las autoridades estadounidenses.

El contenido del audio

Según el material difundido, en la grabación se escucha a personas identificadas como supuestos asesores con experiencia en temas vinculados a agencias estadounidenses ofrecer apoyo para establecer canales de comunicación con autoridades de ese país.

Durante la conversación, una de las voces menciona la posibilidad de realizar reuniones en una oficina privada dentro del Consulado de Estados Unidos en Tijuana, con el objetivo de abordar eventuales sanciones, cargos o procedimientos que pudieran surgir en el futuro.

En respuesta, Marina del Pilar Ávila señala que su intención es aclarar cualquier situación a través de la vía legal y con la asesoría de su defensa.

Yo quiero resolver eso y aclarar cualquier cosa, pero sí me gustaría que fuera a través de mi abogado”, se escucha decir a la gobernadora en el audio difundido.

Menciona a abogado estadounidense

Uno de los aspectos que más llamó la atención del material es la referencia a Michael Nadler, abogado estadounidense que, según la propia gobernadora, forma parte de su equipo legal.

En la conversación, Ávila identifica a Nadler como el encargado de conducir cualquier gestión jurídica relacionada con el caso y explica que decidió buscar representación fuera de México para mantener reserva sobre el proceso.

De acuerdo con la información difundida, Michael Nadler participó como fiscal en investigaciones relacionadas con Alex Saab, empresario colombiano señalado por autoridades estadounidenses de fungir como presunto prestanombres del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

Contexto de la revocación de visa

La polémica se remonta a la cancelación de la visa estadounidense de la gobernadora y de su esposo, Carlos Torres Torres, situación que fue confirmada públicamente por ambos.

Hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos no ha hecho públicas las razones específicas que motivaron la revocación de dichos documentos migratorios, debido a que este tipo de procedimientos suelen estar protegidos por normas de confidencialidad.

Especialistas en derecho migratorio han señalado que la cancelación de una visa no necesariamente implica la existencia de una acusación penal o una investigación formal, ya que las autoridades estadounidenses cuentan con amplias facultades discrecionales para otorgar, negar o retirar estos permisos.

Sin posicionamiento oficial sobre el audio

Tras la difusión del material, no se había informado de manera oficial sobre la autenticidad del audio ni sobre la existencia de procedimientos judiciales o administrativos en Estados Unidos contra la mandataria estatal.

Tampoco se habían dado a conocer pronunciamientos públicos de las autoridades estadounidenses relacionados con las afirmaciones contenidas en la grabación.

El caso ocurre en un contexto de creciente atención mediática sobre la relación entre funcionarios mexicanos y autoridades de seguridad estadounidenses, particularmente en temas relacionados con cooperación bilateral, migración y combate a organizaciones criminales.

Continúan las reacciones

La publicación del audio ha generado debate en redes sociales y en distintos espacios políticos debido a las referencias sobre contactos con autoridades estadounidenses y la contratación de asesoría legal internacional.

Mientras tanto, la atención permanece centrada en posibles aclaraciones oficiales sobre el contenido de la grabación, así como en cualquier información adicional que puedan emitir tanto la gobernadora de Baja California como las autoridades involucradas.

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