Kenia López pide extraordinario contra narcopolítica y uso electoral

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, se pronunció a favor de convocar a un periodo extraordinario de sesiones siempre que la agenda incluya temas que, dijo, son prioritarios para el país: la intervención del crimen organizado en elecciones, el uso electoral de programas sociales y el presunto cobro de cuotas a servidores públicos para financiar campañas.

Durante una conferencia de prensa realizada en Torreón, Coahuila, la legisladora panista afirmó que todavía hay margen para modificar reglas electorales antes de los próximos procesos, con el objetivo de impedir que grupos criminales influyan en campañas, candidaturas o financiamiento político.

“Tenemos que debatir lo importante”, sostuvo López Rabadán al señalar que, aunque la fecha de elección del Poder Judicial forma parte de la discusión pública, el Congreso debería ir más allá y atender asuntos que impactan directamente en la competencia democrática.

Uno de los puntos centrales de su planteamiento fue impedir que el crimen organizado “meta las manos” en los procesos electorales. La diputada sostuvo que cualquier partido que establezca una alianza o relación con grupos criminales debería perder el registro, como una señal institucional hacia México y hacia el exterior.

“Para que nosotros demos un mensaje nacional e internacional de que aquí en México no hay narcocandidatos y no hay narcogobiernos, pues lo primero que hay que hacer es que no haya narcopartidos”, expresó la presidenta de la Cámara de Diputados.

El planteamiento se da en un momento de presión política sobre los partidos por la discusión de seguridad, financiamiento electoral y selección de candidaturas. La Ley General de Partidos Políticos ya contempla causales de pérdida de registro, como no participar en procesos ordinarios, fusionarse o no alcanzar al menos 3 por ciento de la votación válida emitida; sin embargo, incorporar una causal vinculada con crimen organizado requeriría una definición legal específica, pruebas verificables y procedimientos claros ante la autoridad electoral.

López Rabadán también dirigió un mensaje a Ariadna Montiel, recién nombrada presidenta nacional de Morena, a quien invitó a marcar distancia entre su etapa como secretaria de Bienestar y su nueva función partidista. Montiel fue elegida dirigente nacional de Morena durante el VIII Congreso Nacional Extraordinario, celebrado en la Ciudad de México, tras la salida de Luisa María Alcalde de la presidencia partidista.

La diputada señaló que los programas sociales no deben ser utilizados como moneda de cambio electoral, porque se financian con recursos públicos provenientes de los impuestos de la ciudadanía. En ese sentido, afirmó que su continuidad no puede estar condicionada al voto ni a simpatías partidistas.

El señalamiento toca un punto sensible del sistema electoral mexicano: el uso de programas sociales con fines políticos. La Ley General en Materia de Delitos Electorales contempla sanciones para diversas conductas relacionadas con presión al voto, mientras que la Fiscalía Especializada en materia electoral advierte que servidores públicos, funcionarios partidistas, candidatos y operadores de campaña pueden incurrir en delitos electorales si condicionan beneficios o recursos públicos.

Como tercer eje, López Rabadán pidió frenar prácticas en gobiernos locales donde, según dijo, se obliga a trabajadores públicos a entregar parte de su salario para apoyar campañas. La legisladora calificó esa práctica como ilegal y como una forma de presión contra empleados que dependen de su sueldo para sostener a sus familias.

El llamado se produce en la etapa de receso legislativo del Congreso de la Unión, periodo en el que la Comisión Permanente queda a cargo de atender asuntos urgentes y, en su caso, abrir la puerta a convocatorias extraordinarias. El Senado informó la instalación de la Comisión Permanente para el segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXVI Legislatura, mientras la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados consignó el cierre de actividades ordinarias de finales de abril.

Con este posicionamiento, López Rabadán busca colocar en la discusión legislativa una agenda electoral centrada en tres candados: evitar dinero criminal en campañas, separar programas sociales de decisiones partidistas y proteger a servidores públicos de presiones económicas con fines políticos. En buen castellano de banqueta: que la elección se gane con votos libres, no con amenazas, nóminas ordeñadas ni despensas con dueño partidista.