Así infiltró el Cártel de Sinaloa campañas políticas en Morelos sin ser detectado por el INE

La investigación federal tras los comicios de 2024 en Morelos ha puesto al descubierto una vulnerabilidad sistémica en el Instituto Nacional Electoral (INE). Según reportes de la Fiscalía General de la República (FGR), el Cártel de Sinaloa logró inyectar recursos a campañas municipales en Cuautla y Atlatlahucan mediante métodos que superaron los protocolos de fiscalización vigentes, centrados exclusivamente en operaciones bancarizadas y eventos públicos registrados.

El caso de Cuautla es el referente técnico más crítico. En los reportes oficiales, el detenido Horacio Zavaleta Malacara realizó tres aportaciones en especie el 18 de abril de 2024, cada una por un monto cercano a los 54 mil pesos. Estas contribuciones representaron más del 60% del financiamiento externo reportado para la campaña del hoy prófugo Jesús Corona. Pese a la concentración de capital en un solo perfil bajo investigación, el INE únicamente emitió observaciones menores sobre propaganda.

El uso de dinero en efectivo y la creación de estructuras territoriales paralelas constituyen las principales limitantes del INE. Al no contar con facultades para investigar redes criminales, el instituto depende de la interconexión de datos con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el SAT y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Sin embargo, en Morelos, el flujo opaco se mantuvo fuera de los radares institucionales.

En Atlatlahucan, la situación técnica presentó un escenario similar de opacidad. Los informes de fiscalización, diseñados para detectar rebases de topes de campaña o gastos no justificados, no reflejaron movimientos atípicos. Esto confirma la existencia de una contabilidad paralela que el modelo actual de fiscalización electoral es incapaz de interceptar.

Ante esta realidad, el consejero electoral Arturo Chávez ha propuesto reducir drásticamente el manejo de efectivo en años electorales. La meta técnica es inhibir la entrada de recursos de procedencia ilícita, ya sea de organizaciones criminales o de intereses privados que utilizan la misma arquitectura de opacidad para influir en la gobernanza local.

La FGR continúa con las indagatorias para determinar la escala de la infiltración en las estructuras municipales. La falta de correlación entre los informes aprobados por el INE y los hallazgos federales evidencia una brecha significativa en la seguridad de los procesos democráticos en el estado.

El desenlace de estas investigaciones definirá la necesidad de una reforma a los protocolos de fiscalización. La arquitectura actual, aunque robusta en el seguimiento de donaciones formales, se muestra insuficiente frente a las dinámicas de financiamiento de estructuras criminales que operan fuera del sistema bancario nacional.