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El discurso oficial se sostiene sobre una serie estadística: la incidencia delictiva registrada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esa serie mide carpetas de investigación abiertas. No mide delitos cometidos.

La distinción no es técnica. Es la diferencia entre medir el fenómeno y medir la reacción institucional al fenómeno.

México cuenta con un segundo registro para el mismo hecho: las defunciones por homicidio del INEGI, construidas a partir de certificados de defunción. Ese registro no depende de que alguien denuncie ni de que una fiscalía abra carpeta. Depende de que haya un cuerpo y un médico que certifique la causa.

La brecha entre ambas fuentes es la medida más honesta de cuánto se está registrando. En 2025, según cifras preliminares, el INEGI contabilizó 27 mil 989 defunciones por presunto homicidio. Las víctimas reportadas por las fiscalías y concentradas por el SESNSP quedaron por debajo. La diferencia supera los siete mil casos en algunas comparaciones.

Una brecha creciente admite dos lecturas. Puede indicar que las fiscalías dejaron de abrir carpetas por hechos que sí ocurrieron. O puede indicar problemas de clasificación en el registro de defunciones. Ninguna de las dos es compatible con la afirmación de que la violencia cedió de manera uniforme.

Hay un tercer instrumento, y es el decisivo: la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI. La ENVIPE pregunta directamente a los hogares si fueron víctimas de un delito, hayan denunciado o no. Es el único instrumento que puede medir la cifra negra.

En la edición más reciente, la cifra negra se mantuvo por encima del 93 por ciento. De cada cien delitos estimados, apenas siete cruzaron la puerta del ministerio público. El resto nunca existió para la estadística oficial.

La ENVIPE 2026 se publica el 10 de septiembre. Si la victimización sube mientras la incidencia registrada baja, la conclusión será difícil de esquivar: lo que descendió fue el registro.

Hasta entonces, la afirmación oficial no es falsa ni verdadera. Es indemostrable con los datos que el propio gobierno presenta como prueba.

¿Cuántos delitos de tu colonia nunca llegaron a carpeta? Esa es la pregunta que la próxima encuesta podrá empezar a responder.

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