Caen dos presuntos extorsionadores en Michoacán: obligaban a comerciantes a vender cigarros piratas

La venta ilegal de cigarros y la extorsión a pequeños comerciantes volvieron a encender las alertas en Michoacán. Elementos de la Guardia Nacional, la Guardia Civil y la Fiscalía General del Estado detuvieron en el municipio de Uruapan a dos personas acusadas de presuntamente obligar a dueños de negocios y tenderos a adquirir cigarros piratas para después comercializarlos en sus establecimientos.

De acuerdo con el reporte de la Guardia Nacional, los detenidos son César “N” y un menor de edad, quienes presuntamente se dedicaban a la venta de abarrotes y, al mismo tiempo, realizaban actividades de extorsión contra comerciantes de la localidad.

Las denuncias de las víctimas permitieron identificar el modo en que operaban. Según las autoridades, ambos hombres se desplazaban en un automóvil y acudían a distintos negocios para presionar a los propietarios a comprar cigarros de procedencia ilegal. La intención no era únicamente vender el producto, sino obligar a los comerciantes a incorporarlo a su mercancía y ponerlo a disposición de los consumidores.

Durante la detención, las fuerzas de seguridad aseguraron 14 mil 400 cigarros, distribuidos en 72 paquetes con 10 cajetillas cada uno. También localizaron una libreta que contenía nombres y direcciones de comerciantes, un elemento que podría estar relacionado con la identificación y seguimiento de posibles víctimas.

Además, les fueron decomisados 21 gramos de mariguana y dos teléfonos celulares, objetos que quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones.

El caso permitió a las autoridades federales identificar una forma de operación que preocupa especialmente por su impacto en pequeños negocios. De acuerdo con las indagatorias, grupos criminales estarían utilizando la extorsión como mecanismo para obligar a comerciantes y tenderos de Michoacán a adquirir cigarros piratas y posteriormente venderlos.

De esta manera, las organizaciones que introducen mercancía ilegal al país no dependerían únicamente de redes tradicionales de distribución, sino que presuntamente buscarían imponer su producto mediante amenazas y presiones contra negocios establecidos. Para los comerciantes, la situación representa una doble afectación: por un lado, enfrentan el riesgo de ser víctimas de extorsión y, por otro, podrían verse involucrados en la comercialización de productos ilegales.

Este fenómeno ocurre en medio de recientes aseguramientos de grandes cargamentos de cigarros apócrifos en puntos estratégicos de entrada a México. Hace unos días, la Secretaría de Marina y la Agencia Nacional de Aduanas de México aseguraron en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, un cargamento de 52 millones 500 mil cigarros apócrifos procedentes de Vietnam.

El decomiso fue resultado del reforzamiento de las labores de inteligencia y análisis de riesgos implementadas por el Gabinete de Seguridad en puertos y otros puntos de ingreso al país, con el objetivo de detectar y frenar la entrada de mercancías irregulares.

Los aseguramientos no se limitaron al territorio michoacano. Durante este mes, en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la Secretaría de Marina también decomisó 5 millones 808 mil cigarros distribuidos en 484 cajas y 24 pallets, procedentes de Singapur y Sri Lanka.

La magnitud de estos decomisos muestra el tamaño del mercado ilegal que las autoridades buscan combatir y ayuda a explicar por qué la distribución de cigarros apócrifos se ha convertido en un negocio atractivo para las redes criminales. El caso registrado en Uruapan revela, además, una posible evolución de estas operaciones: la presión directa sobre pequeños comerciantes para garantizar que la mercancía ilegal llegue hasta los puntos de venta.

Las investigaciones continuarán para determinar si los dos detenidos formaban parte de una estructura criminal más amplia y para establecer el alcance de la red de distribución de cigarros ilegales que operaba en la región. Mientras tanto, las autoridades mantienen la vigilancia sobre las rutas de ingreso y comercialización de productos apócrifos, una actividad que combina contrabando, distribución ilegal y, en algunos casos, extorsión contra comerciantes.