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El gobierno municipal de Gómez Palacio ha implementado una reducción del 40 por ciento en el presupuesto operativo de dependencias de primer nivel para constituir el Fondo Municipal del Drenaje, un instrumento financiero dotado con casi 18 millones de pesos. La medida responde a una contingencia estructural en el sistema de alcantarillado que afecta la funcionalidad urbana de la ciudad.

La reingeniería financiera afectó directamente a las oficinas de Comunicación Social, Cabildo y Sindicatura, áreas que reportan a la oficina central de la presidencia municipal. Los recursos liberados mediante esta política de austeridad han sido etiquetados con carácter de exclusividad para la ejecución de obras prioritarias en la red subterránea.

Además de los fondos de origen municipal, la administración ha direccionado el 70 por ciento de los recursos provenientes de participaciones federales hacia la ejecución de proyectos de infraestructura hidro-sanitaria. Esta concentración de capital refleja la magnitud del colapso en las tuberías de la ciudad, evidenciado por derrames de aguas residuales en la vía pública.

Los trabajos de campo ya han comenzado con el despliegue de unidades de desazolve tipo Vactor, pertenecientes al Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (SIDEAPA). Las cuadrillas técnicas realizan labores de extracción de lodos y limpieza de colectores obstruidos en distintos sectores urbanos.

En paralelo, se ha iniciado la fase de sustitución de infraestructura obsoleta. Maquinaria pesada opera en la excavación de zanjas a cielo abierto y en la instalación de nuevas líneas de conducción perimetral con tubería corrugada de polietileno de alta densidad.

Las autoridades locales han reconocido que el déficit en la infraestructura de drenaje supera la capacidad del presupuesto anual de obra pública. La creación del fondo de 18 millones representa una intervención inicial para contener los brotes sanitarios más severos en la mancha urbana.

El plan de contingencia requiere la alineación operativa y financiera de los tres niveles de gobierno —municipio, estado y federación—, así como la participación civil para evitar la obstrucción de la nueva red. La administración ha catalogado estas acciones bajo el rubro de decisiones de estricta responsabilidad operativa.

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