El mercado negro de semaglutida expone fallas en la regulación digital

La comercialización de medicamentos falsificados para la pérdida de peso, específicamente aquellos etiquetados como Ozempic, Wegovy y Saxenda, opera a través de una red no regulada en redes sociales y plataformas de comercio electrónico que elude de forma sistemática los controles de la Cofepris.

Proveedores anónimos utilizan grupos de mensajería cifrada y foros públicos para ofertar plumas inyectables. Las transacciones financieras se realizan mediante transferencias electrónicas directas o plataformas de pago de terceros, sin emisión de facturas, trazabilidad fiscal, ni garantías sanitarias sobre el producto entregado.

Las seis advertencias emitidas por las autoridades sanitarias mexicanas evidencian la limitación técnica y jurisdiccional para clausurar los puntos de venta digitales. Los perfiles reportados son eliminados por las plataformas y recreados en cuestión de horas bajo distintas denominaciones y direcciones IP.

La falta de trazabilidad en la cadena de suministro impide a la autoridad aduanera y sanitaria identificar los laboratorios clandestinos responsables de la manufactura. Los servicios de paquetería privada enfrentan un flujo constante de envíos no declarados como insumos médicos.

La promoción del fármaco por figuras públicas y creadores de contenido ha generado una demanda inorgánica que supera la capacidad de producción global. Este déficit es capitalizado por redes de falsificación que explotan la ausencia de requerimientos de prescripción médica en el entorno digital.

Los laboratorios fabricantes de los tratamientos originales han iniciado auditorías internas y colaboran con las agencias gubernamentales para rastrear los lotes clonados. Sin embargo, las acciones legales se ven obstaculizadas por el anonimato de los distribuidores y la jurisdicción internacional de los servidores web.

Especialistas en farmacovigilancia advierten que la inyección de sustancias no verificadas adquiridas en la red de distribución paralela compromete la integridad del sistema de salud público, al requerir los sistemas de urgencias la atención de las complicaciones derivadas de estas administraciones ilegales.