El Salvador inicia megajuicio contra 490 líderes de la Mara Salvatrucha

La justicia de El Salvador puso en marcha este lunes un proceso judicial sin precedentes. Un total de 492 imputados, integrantes de la plana mayor de la Mara Salvatrucha (MS-13), se sientan en el banquillo de los acusados —de forma virtual— para responder por una década de terror. Este megajuicio es el primero en la historia del país centroamericano que apunta directamente a la «Ranfla» (máxima jerarquía), cabecillas zonales y fundadores, quienes presuntamente dictaban las órdenes desde la sombra.

Cifras de un expediente negro

La Fiscalía General de El Salvador presentó un arsenal de acusaciones que documentan la violencia sistémica entre 2012 y 2022. A los procesados se les atribuyen:

• 47,000 delitos en total.
• 29,000 homicidios.
• Órdenes específicas para asesinar a 87 personas en un solo fin de semana de marzo de 2022, evento que detonó el actual Régimen de Excepción.

Además de los crímenes de sangre, la Fiscalía imputa el delito de rebelión, bajo el argumento de que la pandilla intentó establecer un «Estado paralelo», controlando territorios y vulnerando la soberanía nacional. De los acusados, 413 se encuentran recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel símbolo de la administración de Nayib Bukele.

Contexto: Entre la seguridad y la controversia

Aunque el presidente Bukele goza de una popularidad envidiable por haber desarticulado a grupos que controlaban el 80% del país, el camino no ha estado libre de piedras. Bajo el estado de excepción, que ya suma más de 91,000 detenidos, organismos como Human Rights Watch (HRW) y Cristosal han levantado la voz. Denuncian que estos juicios masivos dificultan la individualización de culpas, corriendo el riesgo de sentenciar a justos por pecadores, además de reportar torturas y muertes bajo custodia.

Justicia a largo plazo

Durante la instalación de la «audiencia única abierta», el juez encargado —cuyo nombre se mantiene en reserva por seguridad— advirtió que aplicará «todo el peso de la ley» contra quienes perturbaron la paz por tres décadas. Se espera que la Fiscalía solicite las penas máximas, que tras reformas recientes podrían traducirse en cadena perpetua.

Fuentes judiciales han señalado que, debido a la complejidad del caso y el volumen de pruebas, el juicio podría extenderse por lo menos seis meses. Para los 73 imputados que aún andan prófugos, las órdenes de captura internacional siguen vigentes.