Profeco despliega operativo contra especulación en el precio de la tortilla

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició una estrategia de fiscalización sobre 600 tortillerías en el territorio nacional con el objetivo de inhibir prácticas de especulación y alzas no justificadas en el precio del producto. La Secretaría de Agricultura respaldó la medida, confirmando que no existen factores de escasez que fundamenten un encarecimiento.

El operativo se fundamenta en el Artículo 10 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, el cual prohíbe a los proveedores incrementar injustificadamente los precios por fenómenos naturales, meteorológicos o contingencias sanitarias. Los verificadores de Profeco tienen la instrucción de levantar actas administrativas en aquellos locales que alteren las tarifas fuera de los márgenes del mercado.

La intervención estatal busca desarticular la cadena de intermediarismo que, históricamente, retiene el grano en bodegas para forzar un aumento en el costo de la tonelada de maíz. La coordinación con la Secretaría de Agricultura permite a Profeco cruzar los datos de producción primaria con los precios finales, identificando exactamente en qué eslabón de la cadena logística se origina el sobreprecio.

Las sanciones contempladas para los establecimientos que incurran en prácticas abusivas incluyen multas económicas que pueden superar los 3 millones de pesos, así como la clausura temporal o definitiva del local comercial. La Profeco requiere a los dueños de las tortillerías la exhibición de las facturas de compra de masa y maíz para justificar sus estructuras de costos.

A través del programa «Quién es Quién en los Precios», la autoridad ha habilitado canales de denuncia ciudadana directa. Los consumidores pueden reportar a los establecimientos infractores proporcionando la dirección exacta, lo que detona una visita de inspección focalizada en un plazo no mayor a 72 horas.

El escrutinio gubernamental se extiende también a las empresas productoras de harina de maíz nixtamalizado, quienes controlan un porcentaje significativo del abastecimiento a las tortillerías urbanas. La Profeco monitorea los contratos de proveeduría de estas corporaciones para descartar acuerdos monopólicos o fijación de precios en bloque.

La fiscalización de estos 600 puntos de venta iniciales sirve como advertencia al resto del sector comercial. La postura de la autoridad establece un precedente de tolerancia cero hacia la manipulación de precios en artículos de primera necesidad, asegurando que el peso de la ley se aplicará sobre cualquier eslabón de la cadena de suministro que intente vulnerar la economía familiar.